Gobiernos, rectorías y autonomía

Entre Pasillos

JOSEFINA GALLARDO

La educación superior pública depende para el mejor cumplimiento de sus funciones de la entrega oportuna de los recursos federales y estatales. Sin embargo, estos últimos han sido motivo de conflictos permanentes en todas las universidades, que trabajan muchas veces con adeudos que hacen imposible el buen funcionamiento institucional y ocasionan el rompimiento de relaciones sanas con sus comunidades.

La falta de cumplimiento en la entrega oportuna de los recursos genera que las relaciones entre las autoridades universitarias y las gubernamentales sean de roces permanentes; que los gobiernos lejos de ver a las universidades como motor de desarrollo regional, las perciban como entes de amenaza crítica constante y, en clara y hasta descarada violación a la autonomía, se les castiga con pesos y centavos.
Hay muchas formas de ejercer ese castigo, ya sea promoviendo auditorías excesivas, negociando directamente con los sindicatos, interviniendo de muchas formas en los procesos de elección de rectores o simplemente negando la entrega de los recursos. En estos momentos hay problemas en Hidalgo, Morelos, Veracruz y Zacatecas. Pero eso es esta semana, la lista de conflictos similares cambia con mucha constancia.
En el caso de Morelos, la rebatinga con tintes hasta personales entre el gobernador Graco Ramírez y el rector Alejandro Vera Jiménez tiene a la UAEM en jaque financiero. Incluso trabajadores y estudiantes han pedido la intervención directa del presidente Enrique Peña Nieto en este pleito político y personal porque, a su decir, “ya se llevaron entre las patas a los estudiantes y a los trabajadores de la universidad”. Ambas partes se han estacionado en la necedad del poder, pero el gobierno ha decido castigar a toda la institución principalmente por apoyar movimientos sumamente críticos como el que encabezó Javier Sicilia. Lo último fue el depósito de 50 millones de pesos para el pago de la catorcena y la retención de los recursos correspondientes a julio y agosto. Y este conflicto no tendrá fin al parecer hasta que concluya cualquiera de las dos administraciones.
En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también se han hecho públicas las diferencias entre el gobierno y la Rectoría. El 14 de agosto, el rector Adolfo Pontigo acompañado del presidente del Patronato Gerardo Sosa Castelán amagaron con movilizar a la comunidad universitaria si no se paga un adeudo pendiente por 142 millones de pesos. El gobernador Omar Fayad señaló que el recurso ya fue entregado, pero se ha solventad sólo hasta agosto. Así que seguirá el estira y afloja mientras que en los pasillos universitarios se habla que las diferencias entre el ex rector Sosa y el actual gobernador llevan años de historia.
En Veracruz se inicia el segundo periodo de Sara Ladrón de Guevara con un enorme adeudo en el presupuesto institucional. La mala relación con el ex gobernador Javier Duarte crispó enormemente a la universidad y aunque ahora la relación con el actual gobernador Miguel Ángel Yunes es de mayor compromiso, la UV padece constantemente el acecho de grupos internos por la falta de los dineros que le corresponden. En este proceso de elección de rector, las críticas se dirigían principalmente a Ladrón de Guevara por lo que muchos esperan que si no hay un giro en la entrega puntual y responsable del dinero, esta relación también comenzará a dar mucho de qué hablar.
La Universidad Autónoma de Zacatecas recibió hace algunos días la visita del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Favela y habló en forma directa sobre la situación institucional. “Necesario recortar nómina en la UAZ. De acuerdo con las estimaciones financieras de la Federación, la universidad tiene salvamento, siempre y cuando se pueda adelgazar el gasto en nómina y haya una mejor calidad del gasto, es decir, cómo se gasta el dinero”. Este discurso lapidario hace suponer que el rector Antonio Guzmán Fernández será un administrador de la crisis y que tendrá que hacer frente a la reducción presupuestal. Al tiempo, pero no es la primera vez que una declaración de una autoridad federal se escucha más bien como amenaza.
Y no hay que perder de vista que hace unas semanas se arregló un conflicto interno cuando seis maestros que fueron despedidos iniciaron una huelga de hambre para su reinstalación laboral. Se dice que el movimiento fue gestado, promovido y solucionado desde la casa de gobierno y el rector tuvo que ceder ante una amenaza de mayores proporciones.
En el marco del cambio de rector en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el actual timonel –quien tiene amplias posibilidades de repetir periodo– Alfonso Esparza Ortiz aseguró que es necesario exigir mayor subsidio y autonomía institucional. Será justamente en el marco de este proceso que concluye en octubre, cuando salga a la luz la situación financiera de la BUAP, pues no hay que perder de vista que pasó de tener un subsidio de 5 mil 826.4 millones de pesos que ejerció durante 2016, a 5 mil 561.8 millones de pesos en 2017.
En fin, casos documentados hay más. La realidad es que las universidades estatales viven muchas veces en rebatinga por el dinero, independientemente de la figura que se encuentre en la Rectoría o en el gobierno.

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