¿Con la misma vara?

Entre Pasillos

JOSEFINA GALLARDO

El tema de la estafa maestra que publicaron Animal Político y la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y que ha sido multicitado en varios medios, merece ser visto con una óptica diferente a la que asegura que las instituciones públicas de educación superior son poco transparentes y se han vuelto tramposas. Nada más alejado de la realidad.

Los hechos son concretos así como sus consecuencias; el reportaje alude que el gobierno federal ha desviado más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3 mil 433 millones. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, algunas Secretarías de Estado y empresas federales como Pemex han utilizado a universidades públicas como cortina para contratar a organizaciones no constituidas o fantasmas y así operar y recibir dinero público. Todos se llevan una ganancia con este esquema que nada más lava dinero.
Este fue un duro golpe para todas las universidades públicas y sus esfuerzos por allegarse de recursos propios, ya que se mencionan a ocho instituciones (cuatro de ellas son de Tabasco) que han participado en esta práctica: cuatro universidades públicas (Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma del Estado de México, Juárez Autónoma de Tabasco y la Autónoma del Carmen); tres universidades tecnológicas (Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco) además de la Universidad Popular de Chontalpa. El problema es que a la luz pública se habla, en forma muy general, de la estafa de las universidades.
Lo grave es que esta información llena de preocupación pues la institución universitaria es de las pocas que aún conserva credibilidad y respeto ante la ciudadanía; los conflictos contra las universidades gozan del apoyo de medios y siempre se pone atención a la entrega oportuna de recursos, principalmente de los estatales. Es bien sabido que para mejorar su función, abren sus puertas a la vinculación y brindan servicios que les permiten allegarse de recursos propios. Ahora, con esta información, se lastima a todas las universidades y se pone en tela de juicio la relación que mantienen con empresas y gobierno y que ha costado muchos años de trabajo.
No hay pronunciamientos de ANUIES o de otras universidades ni tampoco son muy contundentes las declaraciones de los líderes natos de las distintas universidades. No hay acuerdos de órganos colegiados de las universidades involucradas ni tampoco de organismos sindicales ni siquiera comunicados de las propias instituciones. Todo es una apuesta al olvido en el tiempo.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, ha señalado que la contratación a terceros se hizo a través del procedimiento de licitación pública nacional a diversas empresas que cumplieron con los requisitos que establece la normatividad aplicable. “La UAEMorelos finiquitó los contratos de referencia con Sedesol, obteniendo sus respectivas cartas de liberación por la entrega de los servicios pactados que fueron recibidos a entera satisfacción por dicha dependencia… estamos a la espera de que se deslinden responsabilidades y se resuelva lo conducente.”
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, señaló que “la universidad no tiene ninguna queja, no tiene ninguna sanción, no tiene ningún procedimiento legal, ni administrativo en contra de alguna instancia, ni en contra de alguna persona”. A su vez, José Antonio Ruz, rector de la Universidad Autónoma del Carmen, mantiene silencio.
Lo que no se vale es atacar el papel que juega la Universidad Pública en el desarrollo del país. Por la mala actuación de unos cuántos funcionarios se pone en tela de juicio la importancia de la vinculación universitaria. Nada más injusto y fuera de proporción.
Sin embargo, el hecho abre un tema: la relación que tiene la autonomía universitaria con las reglas de la Administración Pública gubernamental. No hay una referencia de los límites entre ambas. También es momento de que los funcionarios universitarios que participen en este tipo de fraudes, sean sancionados públicamente y se explique su contratación por parte de las Administraciones vigentes. Las instituciones cuentan con académicos serios que pueden desempeñar este papel con ética y mayor transparencia.
Por lo pronto, esperemos más de las comunidades universitarias –tanto las involucradas como de las que no– en la exigencia del manejo de los recursos; obliguemos al gobierno federal y a lo estatales a que pongan atención en esta práctica y que las autoridades universitarias informen el uso y el ingreso de cada centavo. Por ahora, esperemos que esta mala práctica no merme la imagen de la Universidad Pública en general ni se convierta en un escándalo de mayores proporciones. Se debe continuar con el trabajo de la vinculación universitaria y darle la difusión que requiere.
Las universidades públicas son las instituciones que mejor han hecho su trabajo. No permitamos un ato desprestigio por un puñado de bandidos, que no imaginaron ser descubiertos y que han causado un agravio enorme a la educación superior pública del país.

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