DACA

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Si pudiera diseñar gente en un laboratorio para ser un adorno de Norteamérica, se verían como los receptores del DACA. Esta Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una acción ejecutiva emitida por Barack Obama en 2012 para proteger a la mayoría de quienes fueron traídos al país como niños de deportación, cubre cerca de 800 mil personas. Son un lote de alto rendimiento. Más del 90 por ciento que ahora tiene 25 años, está empleado; ha creado negocios al doble de la tasa general; muchos tienen esposas o hijos que son ciudadanos. Todos son norteamericanos en sentido burocrático.
Corregir eso debe ser duro políticamente como declarar una nueva festividad pública. En cambio, hay una buena probabilidad de que el Congreso los devuelva a su limbo anterior, o peor. Los receptores del DACA fueron obligados a dar su domicilio al gobierno federal, que se encarga de la aplicación de la inmigración, lo que hace mucho más fácil rodearlos ahora.
Después de que la Administración Trump anunció que el programa terminará en seis meses y pidió al Congreso pasar una ley que lo reemplace, la Casa Blanca publicó una serie de puntos que sugirieron que Inmigración y Control de Aduanas que encontraría muy útil esta información personal, dada a cambio de refugio.
Trump y el abogado general Jeff Sessions presentaron la decisión de terminar el DACA como una victoria para la ley. Hay algo en esto. Obama dijo públicamente que dudaba que tuviera la autoridad para proteger a la gente de la aplicación de las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso y firmadas por presidentes anteriores. Él decidió en efecto, la Administración de Trump enfrentó así la necesidad de defender una acción ejecutiva de su predecesor, desde un recurso legal por parte de varios abogados generales republicanos, un reto que la Administración podría perder en la Suprema Corte en las manos Neil Gorsuch, su propio nominado. Con ese prospecto Trump hizo retroceder la decisión al Congreso.
Pero la elección sobre el DACA no es entre el Estado de Derecho y el gobierno por edicto presidencial. Está entre dos diferentes tipos de falla legal: acciones ejecutivas que posiblemente son inconstitucionales y un paquete de leyes de inmigración que definitivamente son imposibles de hacer cumplir. Es sobre 11 millones de personas ilegales en el país, muchos de ellos llegados hace décadas. Estados Unidos ya gasta una gran cantidad en deportaciones, más que en el FBI y la DEA, el Servicio Secreto, los US Marshals y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, combinadas. A las tasas actuales de deportación tomaría cerca de 40 años sacarlos a todos. El Congreso no ha querido poner los medios para hacer que esto suceda y no querría afrontar las consecuencias de hacerlo.
El fracaso colectivo de decir esto por parte de los republicanos, que controlan ambas Cámaras del Congreso, es una gigantesca ignorancia de la realidad. “Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias”, escribió Montesquieu, cuya obra consultaron con frecuencia los autores de la Constitución. Esa es una descripción justa del efecto de las leyes de inmigración de Estados Unidos, cuya inutilidad resulta en que quebrantar la ley se vuelve rutinario.

Acción diferida

La solución es que el Congreso redacte el DACA, o algo así, dentro de la ley. Sin embargo, la saga de largo plazo sobre DACA y sus receptores, cuya edad media es ahora de 25 años, ha sido otro signo de que la configuración predeterminada del Congreso es a la inacción. Obama emitió su acción ejecutiva después de años de esperar que el Congreso redactara una legislación. Los legisladores esquivaron la decisión, obligando al presidente tomarla unilateralmente, sobre cuestionable autoridad.
El llamado de Trump a que actúe el Congreso, puede hacer que se repita este ciclo. El programa expira en seis meses, momento en el que muchos congresistas republicanos enfrentarán elecciones primarias.
Ellos serán confrontados por los desafíos que denuncian a cualquier persona que apoye tal legislación como proinmigración-amnistía y demasiado antipatriótica para poner a los americanos primero, una tensión republicana de la política de la identidad que ha sido turbocargada por Trump (…). La alternativa es un acto de autodaño moral y económico, en el cual el Congreso se socavaría aún más a sí mismo y a la reputación de la ley.
Este artículo apareció en la sección de Líderes de la edición impresa bajo el título Déjenlos quedarse.
(Tomado de The Economist, septiembre de 2017).

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