Ni lo uno ni lo otro

Entre Pasillos

JOSEFINA GALLARDO

Avalar que las universidades son despilfarradoras, poco transparentes y con corrupción es desconocer el devenir de la educación superior pública en el país. El documento de la Auditoría Superior de la Federación (nota de El Universal) que destaca que en once universidades malgastaron los recursos destinados a ampliar la cobertura, muestra una cara falaz del enorme universo de carencias con las que se trabaja en estas instituciones.

Desde hace décadas, algunas desde su nacimiento, las universidades públicas tienen que luchar por mayor presupuesto para sostenerse; buscan la forma de allegarse de recursos propias, muchas veces se han distanciado de los gobiernos estatales que no les entregan a tiempo sus partidas, viven sumisas a un sindicalismo radical y panfletario, a movimientos estudiantiles con banderas poco claras, y más recientemente al pago de jubilaciones. Aun así, son el motor de desarrollo de sus regiones, generan recursos humanos especializados y son casas de investigación.
Si se tiene certeza de un mal manejo de recursos y actos corruptos contra autoridades universitarias, los tribunales son el espacio para dirimirlos y hacer acusaciones; se deben hacer auditorías con las instancias adecuadas y entender que ni los campi ni los medios son la forma de atender este problema. Es excesivo asegurar que por compra de globos y flores, la matrícula de una universidad se vio disminuida. Es también un exceso señalar que por estos gastos no se puede atender el pago de nómina. Hay que hacer responsable a quienes otorgan los dineros y entender que el rezago es superior a los 4 mil millones de pesos.
El problema de la cobertura no está nada más en el dinero. Es un asunto con muchas aristas, incluida la demográfica. Las universidades tienen un cupo y se limitan a atenderlo y en muchos casos incluye a la educación media superior. La atención a requerimientos de los sindicatos es agobiante, pero de ninguna manera es la causa central del problema que significa la falta de recursos.
Hagamos un repaso de lo que ocurre recientemente. En la Benito Juárez de Oaxaca se ha acudido al gobierno estatal para atender el déficit que se tiene; requiere de 240 millones de pesos para cubrir gastos de noviembre y diciembre, particularmente la nómina de 4 mil empleados. El 90 por ciento del presupuesto de 2017 se destinó a nómina y jubilaciones.
En la Michoacana de San Nicolás Hidalgo ya se conformó un Movimiento Estudiantil para exigir al Congreso estatal más recursos; se levantó el paro de brazos caídos, pero el problema de fondo continúa. No hay recursos suficientes para administrar a la universidad en 2018. En la Autónoma de Zacatecas hay un paro docente porque se deben tres meses (un total de 9 millones de pesos) al Programa de Estímulos a la Carrera Docente y es de las instituciones declarada abiertamente en quiebra.
En la Autónoma de Nayarit también se carece de dinero para cubrir la quincena de cerca de 6 mil trabajadores activos y pensionados y jubilados. Además, hacen falta 86 millones de pesos para pagar el bono administrativo, las primas de jubilación y los bonos quinquenales. En la Autónoma de Sinaloa se ha planteado que si no se incrementa en un 16 por ciento el presupuesto para 2018 simplemente estarán en problemas.
Como parte de lo mismo, en la Autónoma del Estado de Hidalgo fue necesario promover un Amparo para la suspensión al decreto 228 emitido por el Congreso local, para incluir en la máxima casa de estudios un órgano interno de control y cuyo titular sería elegido por los diputados para auditar los recursos de la universidad. El nombrar vigilantes a modo de poderes externos sólo pone en riesgo la buena administración universitaria.
Si nos vamos una a una a cada una de las universidades públicas, todas tienen problemas similares. El tema del financiamiento de las universidades se mira sólo desde una perspectiva y los señalamientos de que se gastan mal los recursos sólo justifican la falta de entrega de los mismos y el incremento del presupuesto anual. Si existen pruebas de que se pagan porros, se contratan amigos y los rectores viajan sin ton ni son, pues que se comprueben. Es importante hacer énfasis que todas las casas de estudio públicas estatales tienen equilibrio de poderes y los gastos se presentan ante Consejos Universitarios. Un hecho sí es contundente y demostrable: las universidades requieren con urgencia recursos para cumplir con su responsabilidad.
Parece que para los críticos se pierde de vista que las IES públicas atienden 80 por ciento de la matrícula y su financiamiento es uno de los problemas más apremiantes, porque permea en toda la planeación educativa y trastoca todos los ámbitos: el político, económico y social. Los recursos financieros son necesarios para atender la expansión. Es momento de atender la urgencia de invertirle al conocimiento en las distintas entidades y dejarse de jaloneos políticos con argumentos simplistas. Que no se busquen pretextos para no soltar los recursos y que los responsables del dinero visiten a cada una de las casas de estudio y observen, en forma directa, su grandeza.

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