...Crónica de la Educación Superior...

Mañana te pago…

Josefina Gallardo


El Programa de Financiamiento de la Educación Superior, anunciado el 9 de enero por el presidente Felipe Calderón en la sede del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha sido visto como una medida que favorece a las instituciones privadas y desdeña el papel de las universidades públicas en el contexto del desarrollo nacional. Este anuncio generó muchas voces críticas que argumentan que la visión del Estado mexicano está orientada a convertir a la educación universitaria en un buen negocio…y nada más.


¿Exactamente en qué consiste este programa? De acuerdo con el anuncio, en una fase piloto se van a destinar 130 millones de pesos para mil 200 créditos a estudiantes de licenciatura o posgrado. De entrada, se cuenta con la participación de 21 instituciones privadas de educación superior, la banca comercial y el gobierno federal, mediante Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el nivel licenciatura, los créditos que se otorgarán serán de hasta 215 mil pesos y para posgrado de 280 mil pesos. El financiamiento consiste en un crédito a 15 años y medio, con una tasa de interés fija de 10 por ciento; una vez concluidos los estudios, el egresado tendrá un periodo de gracia adicional de seis meses para ingresar al mercado laboral y comenzar a pagar el financiamiento. Para solicitar este tipo de créditos, señala el programa, no se piden garantías hipotecarias y el préstamo es complementario a las becas que otorgan las instituciones educativas privadas participantes.
En síntesis, esos son los hechos, pero qué es lo que hay detrás de ellos. Si hacemos sumas, un crédito de 250 mil pesos a 15 años con 10 por ciento significa que un egresado universitario en realidad tendría que pagar por sus estudios poco más de medio millón de pesos (560 mil, más o menos) y por su posgrado más de 700 mil pesos. Así que la ganancia es más bien para los bancos y las instituciones privadas que, dicho sea de paso, están muy desacreditadas ante los ojos de la sociedad por la opacidad con la que actúan y por los beneficios fiscales que gozan.
La experiencia de otros países en este tema también es muy ilustrativa. Por ejemplo, dice Ciro Murayama que en Estados Unidos en 2011 las deudas acumuladas por los estudiantes universitarios rebasaron los 600 mil millones de dólares, además de que los costos de la educación superior han crecido tres veces más que la inflación. En Chile, por ejemplo, ni hay trabajo para los jóvenes y las deudas por saldar se han multiplicado más de cinco veces en los últimos años.
De igual forma, en los países que existen este tipo de créditos, sus esquemas de apoyo a la educación superior son diferentes a los nuestros y las tasas de interés van desde cero hasta menos del 5 por ciento, mientras que la propuesta presentada por el gobierno mexicana habla de un 10 por ciento de interés fijo.
Es por ello que las críticas no se han dejado de escuchar. Hay quienes señalan que desde finales de los ochenta la política mexicana en materia de educación superior ha sido desdeñosa hacia las instituciones públicas y de apertura a la educación privada. Manuel Pérez Rocha, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo resume de la siguiente manera: los últimos años “se ha acentuado una perspectiva privatizadora: primero impulsaron y han dejado que se incremente de modo impresionante el número de instituciones privadas, sin cuidar los controles de calidad mínimos y sin regulación alguna que norme y exija una oferta de educación de excelencia; luego fue la ventaja de deducir fiscalmente las colegiaturas; ahora imponen el crédito educativo.”
Otra dura voz es la del ex secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, quien señala la medida como anticonstitucional pues se destinan recursos públicos a la educación privada, además de que viola la soberanía pues a todas luces se trata de un acatamiento que se impone desde el Banco Mundial… los que se benefician son los bancos privados extranjeros.
Otros dicen que incluso atenta contra la laicidad, pues la mayoría de las instituciones de educación superior que participan en este proyecto tienen un corte religioso y, por tanto, se benefician por encima de la educación pública. Ha dolido también el hecho de que sea el propio Felipe Calderón quien califique a la educación privada como de calidad, cuando los resultados y cifras que ofrece la educación pública en materia de investigación, cultura y formación de recursos humanos son muy superiores a de las escuelas particulares.
En fin, me parece que las críticas también caen en lo exagerado, pues el programa está destinado a apoyar a 23 mil estudiantes que, en números redondos, no representan ni el 10 por ciento de la cobertura en educación superior. No obstante, para los jóvenes que opten por este camino es recomendable que consideren los esquemas fallidos de Estados Unidos y Chile, ya que será hasta dentro de cinco años cuando se verán las consecuencias de su decisión.
Los comentarios en torno a este programa sólo muestran que le ha faltado mayor discusión y análisis sobre el mismo. Cuando las decisiones son unilaterales, las vestiduras suelen desgarrarse

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